Cuba está a punto de aprobar una reforma profunda en su legislación agraria con la presentación del proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal. Esta norma unificará más de 25 regulaciones dispersas y busca modernizar el acceso y uso de las tierras estatales, en un contexto de baja producción alimentaria y fuerte dependencia de importaciones. La ley reconoce formalmente a las mipymes privadas, estatales y mixtas como actores legítimos del sector, permitiéndoles solicitar tierras ociosas en usufructo para proyectos agrícolas, forestales o vinculados al turismo.

Entre los cambios más significativos está la ampliación de las extensiones de tierra disponibles: los solicitantes podrán recibir inicialmente hasta 67,10 hectáreas, con posibilidad de aumentar hasta 268 en ciertos casos. También se flexibilizan los requisitos para extranjeros con residencia permanente en la isla. Por primera vez, la ley reconoce explícitamente los derechos sobre viviendas construidas en terrenos en usufructo, siempre que se cumplan condiciones como cinco años de explotación agrícola y cumplimiento de obligaciones contractuales.

La norma también abre la puerta a la compraventa de tierras entre campesinos propietarios, siempre que se respeten límites y se cuente con autorización agraria. Se amplían las figuras de herencia y donación, incluyendo parejas de hecho y vínculos socioafectivos, y se permite establecer pactos sucesorios mediante testamento. Además, se impulsa la agricultura por contrato, con acuerdos previos de financiamiento, asistencia técnica y comercialización.

Para mejorar el control administrativo, se creará un Registro de la Tierra que coexistirá con el Registro Central de la Propiedad. Aunque la reforma amplía derechos y flexibiliza trámites, especialistas advierten que el mayor desafío sigue siendo económico: la escasez de combustible, fertilizantes, maquinaria e insumos continúa limitando la productividad del sector agrícola.