Nicaragua se ha convertido en un punto focal de la rivalidad entre Estados Unidos y China por el control de recursos estratégicos, especialmente el oro. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado concesiones mineras a empresas vinculadas a China sobre más del 8% del territorio nacional, lo que equivale a más de un millón de hectáreas dedicadas a la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales. Este oro no solo es clave para la economía nicaragüense —con exportaciones mineras que alcanzaron 1.391 millones de dólares en 2024—, sino también para la estrategia de China de diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar estadounidense.

Desde la perspectiva de Washington, estas concesiones representan una amenaza geopolítica, ya que fortalecen al régimen de Ortega y amplían la influencia china en una región tradicionalmente bajo la esfera de influencia estadounidense. Estados Unidos ha respondido con sanciones destinadas a limitar los ingresos del gobierno nicaragüense provenientes del sector minero. Además, se han denunciado expropiaciones de activos occidentales que luego fueron transferidos a empresas chinas.

Organismos internacionales han criticado la falta de transparencia en los procesos de concesión y la ausencia de consultas a comunidades afectadas. Este modelo podría sentar un precedente en otros países con instituciones frágiles, donde el control de recursos estratégicos se convierte en moneda de cambio en la disputa entre potencias globales.