España enfrenta un cruce de caminos energético mientras crece la presión para extender la vida útil de sus centrales nucleares más allá de las fechas previstas. En 2019, el plan era desactivarlas progresivamente, confiando en un suministro estable y en el auge de las renovables. Pero el contexto ha cambiado: la guerra, las pandemias y el auge de los centros de datos para inteligencia artificial han disparado la demanda de electricidad estable y descarbonizada. Ahora, el sector energético argumenta que la energía nuclear no compite con las renovables, sino que las complementa, al garantizar estabilidad cuando no hay sol o viento.

Un estudio de Deloitte presentado en Barcelona estima que el cierre de las centrales nucleares tendría un impacto negativo de 280 millones de euros anuales solo en Cataluña, y 1.400 millones a nivel nacional. Las empresas que operan la central de Almaraz han solicitado una prórroga de tres años, hasta 2030, y el Consejo de Seguridad Nuclear emitirá su dictamen en julio. El Gobierno tendrá luego dos meses para decidir, evaluando seguridad y costos.

Líderes del sector, como Endesa y Foro Nuclear, insisten en que prescindir de la energía nuclear sería un error estratégico. Marta Ugalde, presidenta de Foro Nuclear, afirma que la energía atómica desplaza principalmente al gas, no a las renovables. Mientras, el alcalde de Ascó, Miguel Àngel Ribes, alerta del impacto social: la incertidumbre sobre el cierre afecta decisiones cotidianas, como comprar una casa. El sector emplea a unas 500.000 personas en Cataluña y 2,2 millones en todo el país.