En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó la eliminación de la prohibición de comercializar productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada, modificando el artículo 21 de la Ley de fomento de producción higiénica de la leche. La diputada Claudia Ortiz (Vamos) presentó una propuesta paralela para exigir un etiquetado claro, visible y obligatorio en estos productos, argumentando que los consumidores tienen derecho a saber qué compran. La medida obtuvo solo tres votos a favor y uno en contra, insuficiente para avanzar.

El debate surgió en medio de preocupaciones del sector ganadero nacional. Ortiz y la diputada Marcela Villatoro (Arena) advirtieron que el cambio afectará a los pequeños productores, ya que las industrias podrían priorizar la leche en polvo importada sobre la leche fresca local. Villatoro relató que productores ya enfrentan problemas de venta y cuotas de entrega, lo que podría llevar al cierre de ganaderías. En contraste, el diputado Serafín Orantes (PCN) argumentó que la producción local no alcanza la demanda nacional, por lo que la medida es necesaria.

La prohibición original data de 2000, cuando se modificó la ley para proteger la producción láctea nacional y la calidad percibida de los productos. En 2022, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reforzó esta postura al cerrar plantas que reconstituían leche, alegando pérdida de propiedades nutritivas. Ahora, con el cambio normativo, la asociación de productores Proleche exige garantías para que los consumidores puedan distinguir entre leche fresca y reconstituida, destacando la necesidad de transparencia en la composición de los alimentos.